El Comité para el Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas ha condenado por acoso al alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, por llamar “inquisidores”, “manipuladores” e “ignorantes” a los miembros de la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, según se puede leer en un comunicado hecho público por este colectivo. Los hechos se remontan a enero de 2008 cuando la Plataforma mostraba su preocupación por la salud y la calidad de vida de los almendralejenses “deterioradas por unas industrias ya conocidas que actuaban al margen de la legalidad amparadas por el silencio de nuestros gobernantes”. El comportamiento del alcalde fue denunciado, junto a otros temas, ante algunas instituciones nacionales y en el Comité para el Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas, en marzo de 2009. Este Comité decidió admitir la queja presentada por la Plataforma en su vigésima tercera reunión. Posteriormente, el 16 de diciembre, tuvo lugar en la sede de la ONU en Ginebra la reunión del Comité para tratar la comunicación remitida. A esta reunión, además de los miembros del Comité acudieron representantes del Estado Español y de la Plataforma. En la vigésimo octava reunión celebrada entre el 15 y 18 de junio de 2010, el Comité ha resuelto que la queja presentada por la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo está justificada, y entre otras resoluciones, condena la actuación del Alcalde de Almendralejo. En el punto 64 de la resolución puede leerse: “El Comité encuentra que insultando a los ciudadanos públicamente en los medios de comunicación por su interés en actividades con potenciales efectos negativos en el medio ambiente y la salud de la población, las autoridades públicas, así como el gobierno de España, incumplen lo establecido en el artículo 3 del Convenio”. Según la Plataforma el propio Estado Español y el Defensor del Pueblo han reconocido también que este comportamiento es inadmisible. La Plataforma añade que  desde diferentes instituciones nacionales e internacionales, se condena el comportamiento del Alcalde de Almendralejo, asegurando que podría ser considerado como delictivo atendiendo a lo establecido en el Código Penal y cuyo objetivo era impedir la participación ciudadana amedrantando a los que se atreven a denunciar unos hechos probados, pero que estas instituciones no han hecho nada. “En cualquier país democrático estas acusaciones traerían consigo que el acusado no pudiese ejercer ningún puesto de representación popular o cargo público”.